La protección de datos personales en sistemas de videovigilancia y seguridad

Preservar la seguridad y protección de comunidades y hogares son preocupaciones comunes ante la amenaza real de sufrir actos criminales y vandálicos. Frente a los procedimientos cada vez más sofisticados que emplea la delincuencia, las nuevas tecnologías ofrecen soluciones de seguridad con sistemas integrales que mejoran sustancialmente la protección residencial; en particular, la domótica se ha convertido en una herramienta de máxima efectividad, no sólo con fines de reforzar la seguridad, sino también para favorecer la comodidad mediante la automatización de sistemas y funcionalidades que, además, asegura el retorno de la inversión gracias al importante ahorro de energía que proporcionan y la rebaja que representan en la póliza de robos de la comunidad o seguro de hogar, conforme los precios medios de un comparador seguros.

Las ventajas de instalar un sistema de seguridad inteligente son innumerables frente a los sistemas tradicionales. Gracias a la evolución tecnológica, mediante la instalación de cámaras de videovigilancia IP es posible establecer marcas perimetrales, obtener imágenes con una resolución hasta veinte veces mayor que con cámaras analógicas, ampliación del zoom para visualizar pequeños detalles como matrículas, además de todas las posibilidades que tiene el control remoto y la recepción de alertas por intrusión, humo o fugas de gas y de agua, según las distintas funcionalidades que se integren.

Sin embargo, estos sistemas también conllevan la captación, análisis, explotación y conservación de datos personales, incluidos los biométricos, por lo que la instalación de estos sistemas y la conservación de información captada debe respetar la legislación en materia de protección de datos de carácter personal y, en particular, el Reglamento Europea (UE) 2016/679 sobre protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y la Ley Orgánica 3/2018 española para  Protección de Datos Personales y garantías de derechos digitales. De esta legislación, destacan dos cuestiones prácticas de especial relevancia que hay que tener en cuenta a la hora de instalar un sistema de seguridad y de conservación de los datos personales obtenidos a través del mismo.

 ¿Qué requisitos se deben cumplir para instalar cámaras de seguridad en una comunidad de vecinos?

No es infrecuente el caso en el que los vecinos se encuentran sorpresivamente con la instalación de cámaras de seguridad en su edificio o comunidad sin haber sido consultados. Lo cierto es que, conforme a la citada Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Propiedad Horizontal, dicha instalación habría incumplido con los requisitos legales previstos que exigen el consentimiento previo y expreso por parte de la comunidad de propietarios. En efecto, el artículo 17.3º de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el establecimiento o supresión de servicios comunes de vigilancia de interés general deberá ser aprobado por el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, deben representar igual proporción de cuotas de participación.  Por su parte, el artículo 6 de la Ley española de Protección de Datos Personales exige igualmente el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco de las personas afectadas en el tratamiento de datos que, en este caso, serían los vecinos de la comunidad.

Por tanto, cuando se haya procedido a instalar un sistema de vigilancia en un edificio o complejo residencial sin cumplir con tales obligaciones, el mantenimiento de la instalación deberá ser validado por la mayoría cualificada de tres quintos en la correspondiente Junta. De no alcanzarse dicho acuerdo, la instalación deberá ser retirada en el plazo establecido al efecto.  

¿Cuánto tiempo se pueden conservar las imágenes grabadas por cámaras de videovigilancia?

Los sistemas de videovigilancia cumplen una función de seguridad y son muy útiles tanto en la prevención de delitos como en su averiguación cuando ya han sido perpetrados. No obstante, la normativa de protección de datos de carácter personal fija el plazo máximo de un mes la conservación de las imágenes. Transcurrido ese plazo desde la captación, los datos deben ser suprimidos, salvo cuando exista la obligación de conservarlos para acreditar la realización de actos delictivos contra la integridad personal, de bienes o de las instalaciones, en cuyo caso deberán ser entregados a la autoridad competente en el plazo máximo de 72 horas desde que se tuvo conocimiento de la comisión. De esta obligación quedan excluidas las imágenes captadas en el interior de los domicilios privados.  

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